El Gobierno y los empresarios de la construcción comenzaron ayer la revisión de normas y trámites para dinamizar al sector y mejorar la inversión pública, en la primera reunión de cuatro programadas con esos objetivos.
Considerando que el sector dela construcción crece a un ritmo del 13 por ciento y la inversión pública se incrementó de 600 mil a 6 mil millones de dólares en los últimos seis años, el vicepresidente, Álvaro García Linera, dijo que las cifras podrían ser mucho mayores si hay trabajo conjunto.
Después de recoger un conjunto de iniciativas para destrabar temas burocráticos y administrativos para la conformación de nuevas empresas, dijo que volverá dentro de dos a tres semanas, una vez que se recaben aspectos técnicos para responder las demandas del sector.
“En todo caso, las preocupaciones son legítimas del sector de la construcción y la respuesta del Gobierno es una sola: necesitamos un sector constructor fuerte, grande y se adecue a las nuevas características de la economía boliviana”, dijo.
Señaló que cuando el Gobierno adjudica una construcción pública grande a empresarios bolivianos, el dinero, las ganancias y la contratación de mano de obra se quedan en el país y dinamizan la economía, a diferencia de una empresa que exporta sus ganancias.
“Vamos a hacer todo lo posible con el Presidente para hacer modificaciones, en el ámbito de la administración para potenciar al sector empresarial boliviano”, sostuvo.
Consultado si los compromisos asumidos abren la posibilidad de flexibilizar la Ley de Contrataciones de Obras Públicas; respondió: “Si es necesario sí. Si es necesario en el marco de proteger los intereses del Estado (...)”.
Insistió en que “si en el marco de protección de los intereses del Estado y de mejorar el dinamismo del sector empresarial, hay que cambiar normas, las vamos a hacer, las normas y artículos que sean necesarios”.
Trabas
El presidente de la Cadeco, Franklin Pérez, dijo que existen varias trabas que impiden a las constructoras nacionales adjudicarse grandes obras públicas. Como las más importantes citó la imposibilidad de reajustar el precio fluctuante de los materiales, la falta de una instancia de conciliación y resolución de controversias, la ejecución de boletas de garantía sin previo análisis y la ausencia de normas sobre la extracción de agregados.
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