Empresas tercerizan obras para zafarse de los beneficios sociales

Las empresas privadas que se adjudican a obras de gran envergadura ya sean públicas y privadas casi en un 100 por ciento optan por tercerizar la construcción, es decir dar a terceros.

En su gran mayoría lo hacen para evitar cancelar los beneficios sociales a los obreros que son contratados en una determinada construcción. El Ministerio de Trabajo, regional Tarija, pudo identificar este tipo de situaciones en los dos últimos hechos suscitados con los obreros del Mega Center y la construcción del mercado Central.
En el primer caso más de diez obreros sufrieron un accidente laboral con dos lamentables hechos de muerte en diferentes ocasiones. Se presentaron problemas para que la empresa asuma con los gastos médicos y la indemnización por las muertes. En el segundo caso los obreros fueron despedidos y no fueron indeminizados como establece la Ley General del Trabajo.
El jefe departamental del Ministerio Público, Ramón Vilca, mencionó que el empleador busca todos los mecanismos para esquivar la normativa laboral, razón por la que el Ministerio en los últimos meses está efectuando con mayor frecuencia las inspecciones laborales y técnicas.
Una obra sólo debe ser dada a terceros hasta un 25%, según Vilca. El Decreto Supremo Nº521 aprobado en 2010 en su artículo primero establece que la prohibición de toda forma de evasión a la normativa laboral, sea mediante fraude, simulación o cualquier otro medio que se produzca como consecuencia de las modalidades de subcontratación,
tercerización, externalización, enganche u otras modalidades en tareas propias y permanentes del giro del establecimiento laboral.
“Esto rige para las obras públicas que son licitadas por cualquiera de los tres niveles de Gobierno –mencionó Villca–. Aunque las privadas también deben regirse bajo estos parámetros”.
La desventaja para las empresas subcontratadas es que estos en muchos casos deben responder por el personal contrato para prestar el servicio ante cualquier eventualidad, mientras que la empresa que realmente se adjudicó a la obra evade de esa responsabilidad, porque se suscriben acuerdos internos entre las partes privadas.
De acuerdo a Ramón cuando una determinada empresa se adjudica a una obra contemplan el ítem de carga social. “No se está ejecutando ese ítem de carga social a favor del trabajador –dijo Villca–. Este ítem debe ir a cumplir con los salarios por la contratación de la mano de obra, aguinaldos, indumentaria de trabajo”.
El presidente de la Cámara de la Construcción, Julio Alemán, aseguró que las empresas afiliadas a su organización y que suscriben contratos con el Estado están obligadas a cumplir con los beneficios sociales establecidos por ley.
“Nosotros como sector hemos ido un poco más y le hemos solicitado al Ministro de Obras Públicas a que las entidades contratantes que deberían incluir dentro un ítems que corresponda al seguro industrial de los proyectos –mencionó Alemán–. Nosotros venimos peleando para que esto sea incluido y para que no haya dificultad en que se pueda o no cumplir”.
La Caincotar, de acuerdo a Alemán, hace todas las representaciones para que se las empresas afiliadas a su gremio cumplan con lo estipulado en los contratos suscritos con el Gobierno.
“Entre privados es un tema de privados y que alguien debería normarlo –dijo–. Aunque a consecuencia de la caída del edificio Málaga, Santa Cruz, salió un procedimiento para la construcción y de cómo se debe actuar en este tipo de obras”.

Fiscales de obras, responsables del control

Dentro la ejecución de obras públicas, son las instituciones gubernamentales las encargadas de nombrar un fiscal de obras a fin de garantizar la buena ejecución de los proyectos. El secretario ejecutivo de la Alcaldía de Cercado, Diego Ávila, señaló que el fiscal de obras es el responsable de aprobar cada una de la ejecución de ítems. Conforme a ejecución correcta del establecido, recién se procede al desembolso de los recursos.