El presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Guillermo Schrupp, cuestionó que la adjudicación de obras por parte del Estado, en los últimos años, sea más por excepción que por licitación pública. Schrupp indicó que este tipo de adjudicaciones resta transparencia a los procesos de contratación y afecta a los empresarios del sector y en la generación de empleos.
"La contratación por excepción se está coinvirtiendo en la regla cuando la excepción debería darse ante ciertas circunstancias como son desastres naturales, declararse desierta en varias ocasiones, nosotros vemos con preocupación este sentido, peor con obras de envergadura que manejan montos significativos, cuya ejecución es importante para todos los bolivianos", señaló el empresario. Sostuvo que este mecanismo de entrega de obras con inversiones millonarias no transparenta los procesos de contratación ya que está sujeto a criterios de algunos funcionarios. Pidió retomar las contrataciones por licitación pública.
"Las licitaciones públicas aseguran una mayor participación y una mayor transparencia, nosotros vemos con preocupación esto porque en la excepción usted no invita a todas la empresas o hace un comunicado público y abierto, sino que invita a un listado corto de empresa de acuerdo a ciertos criterios que no necesariamente están definidos, sino son más subjetivos de acuerdo al funcionario de turno o a la institución", apuntó. Subrayó que la libre competencia debe ser uno de los principios que debe primar y que la licitación pública "debe ser el sistema que se imponga en todo el país como existe en otras regiones".
"Así también es el sistema que los organismos internacionales como el BID y la CAF utilizan para sus licitaciones", sostuvo. El representante indicó, en base a datos del Sicoes, que unas 51 obras por un valor Bs 39.247 millones fueron entregados a 30 consocios extranjeros, en su mayoría chinos. Aseguró que estas empresas optan por subcontratar a empresas nacionales para concluir las obras en los plazos establecidos y no benefician al país porque se llevan los excedentes. "Lo que queremos es que se regule en una norma para que las empresas nacionales participemos en un porcentaje, como socios y no como empleados", apuntó.
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