- Las empresas constructoras que participen en la edificación de una obra fuera de norma se arriesgan al decomiso de sus herramientas y maquinarias, como sanción impuesta por la nueva Ley 233 de Fiscalización Territorial.
El artículo 34 de la normativa municipal establece que “las retenciones de todos los materiales de construcción e instrumentos que hubiesen sido utilizados en obras, construcciones y/o edificaciones no autorizadas o que estuvieran incumpliendo la normativa técnica legal, será realizado en coordinación con las entidades correspondientes y de ser necesario con otras entidades públicas, según corresponda”.
Ese artículo es cuestionado por el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Silva, para quien este tipo de acciones, “ahí cometen otra infracción constitucional porque se estaría privando el derecho a la libertad de trabajo de una empresa que no es dueña de la construcción”, y puso de ejemplo a los propietarios que contratan a una empresa para realizar la construcción.
“¿Por qué tendrían que decomisarle la maquinaria, los vehículos a la empresa constructora, si el que viola la ley es el propietario?”, se preguntó Silva.
El secretario municipal de Planificación del Desarrollo, Marcelo Arroyo, aseveró que la retención y decomiso de materiales y herramientas se debe a un “sentido de corresponsabilidad que implica que todos aquellos que hubiesen participado en la infracción son corresponsables, hablamos desde los profesionales, las empresas públicas o privadas que hubiesen participado e la infracción”.
Para Arroyo, tanto las empresas constructoras como los profesionales “conocen” de la norma técnico legal para la realización de construcciones, por lo que su obligación es “recomendar” a los propietarios sobre la adecuación de las edificaciones a la normativa técnica legal y la Ley de Uso de Suelos.
Ley no puede otorgar derechos
En el parágrafo II del artículo 34 se indica que “la autoridad municipal está facultada en cualquier momento a ejecutar la medida precautoria del decomiso”.
Ese aspecto también es cuestionado por el concejal Silva, toda vez que la Constitución Política del Estado y una Asamblea Constituyente son las únicas que otorgan derechos, tanto a los ciudadanos como a las autoridades.
En ese sentido, el legislador municipal anticipó la presentación de un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra varios artículos de la norma, razón por la cual también se abstuvo de votar por la aprobación de la ley.
Negociación por multas
En la ley, uno de los aspectos más cuestionados por Silva es la negociación de las demoliciones por multas económicas, puesto que pone en riesgo a la vecindad paceña al permitir construcciones fuera de norma a cambio de una multa económica.
Aseguró que con esa postura la Alcaldía no pretende hacer cumplir la Ley de Uso de Suelos, sino recaudar más ingresos.
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